La Iglesia Católica y organizaciones civiles urgieron a atender la violencia que se registra en comunidades del Municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, donde los habitantes son víctimas de asesinatos, plagios, quema de viviendas, violaciones, amenazas y desplazamiento forzado.
En una carta dirigida a la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, expusieron que durante todo este año se ha estado enviado información a las diversas autoridades de los tres niveles de gobierno acerca de la grave situación de inseguridad que se vive en la región de Baborigame, Municipio de Guadalupe y Calvo, provocada por la tala criminal del bosque.
“El lunes 11 y martes 12 de diciembre, personas de la comunidad de Mala Noche se trasladaron a Baborigame y a la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo a recoger tarjetas de ‘Procampo’, y el día 13 de diciembre pobladores de Santa Tulita, Puerto de Animas y Puerto Riyito al regresar a sus casas un grupo armado les impidió el paso, quedando con la preocupación de que tenían a sus hijos en la casa y no podían regresar a verlos”, denunciaron.
La misiva fue firmada por Juan Manuel González, Obispo de Tarahumara; Gabriel Parga, párroco de Baborigame; Javier Ávila, presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C., y Diana Villalobos, directora de Consultoría Técnica Comunitaria, A.C.
Para el 14 de diciembre, en respuesta a su demanda de seguridad para la región, elementos de la Guardia Nacional, Policía del Estado y Policía Ministerial, acompañaron a varias personas a Santa Tulita para que regresaran a su comunidad con seguridad y se regresaron a Baborigame.
“El viernes 15, un grupo armado asentado en la comunidad de Alisos fueron a la ranchería de Puerto de Animas y se llevaron a dos muchachos a la fuerza: Emanuel Ángel Guevara Ayala de 15 años y Jesús Manuel Ayala Almanza de 13 años, cuando ellos se encontraban trabajando en el campo”, informaron.
Los habitantes de esa región viven constantemente con el temor de la llegada de los grupos armados y han tenido que dormir en el monte.
“Comentan que por la noche se escuchan disparos, incluso han visto la presencia de drones por encima de sus comunidades. El sábado 16 del presente mes, nos informan que circularon varias camionetas con personas armadas y eso les aumenta incluso el temor de quedarse en el monte como su único refugio. Una de las camionetas que circularon se encuentra ubicada en la comunidad de Taunas y la otra en Puerto de Ánimas”, agregaron.
En la misiva fechada el 17 de diciembre, señalaron que ese día, dos jóvenes de Puerto Riyito fueron plagiados y hasta el momento se desconoce su paradero.
Además, los grupos armados advirtieron a los miembros de las dichas comunidades que tenían tres días para abandonar sus casas.
Ante ello, los representantes de la Iglesia Católica y de la sociedad civil solicitaron se realicen operativos permanentes y no solo operativos esporádicos ni pasajeros.
“Con esta inseguridad y este constante tránsito de grupos armados, la gente tiene que permanecer en sus casas y no puede ni siquiera salir a conseguir lo elemental para su comida”, lamentaron.
Exigieron que se localice de manera urgente a los jóvenes plagiados y se instale una mesa de seguridad en Baborigame con autoridades, pobladores y asociaciones civiles.
Recordaron que en junio pasado se dio un desplazamiento forzado masivo de personas de la comunidad de La Sierrita, localidad cercana a Santa Tulita, municipio de Guadalupe y Calvo, en donde 60 personas tuvieron que salir y dejar su patrimonio porque les quemaron sus viviendas y mataron a varias personas en sus alrededores.
Estos hechos motivaron dos jornadas por la paz de parte de organizaciones de la sociedad civil en solidaridad con la comunidad mencionada y, dos visitas de autoridades de Gobierno del Estado en los meses de agosto, septiembre y noviembre.
Tras la carta dirigida a la Secretaria de Gobernación, con copia para otras autoridades federales y estatales, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó respecto a la presencia de civiles armados que impiden el libre tránsito de pobladores en diversas comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo, se están realizando recorridos y revisiones en los lugares señalados.
El operativo se realiza a través de las Bases de Operación Interinstitucional (BOI), conformadas por personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el Ejército Mexicano (SEDENA) y la Guardia Nacional.
“El despliegue operativo es permanente en la región, con la finalidad de inhibir la comisión de diversos ilícitos”, comunicó la Fiscalía de Distrito Zona Sur.
“Los cuerpos de seguridad realizan recorridos en la comunidad Baborigame, en donde se establecen puntos de control sobre el camino que conduce a la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo, al igual que en las localidades de Las Juntas de Abajo, El Rincón, Cebollas, Amador, Las Cruces, Puerto Hondo y Puerto Suelo”, aseguró.
Se han realizado reconocimientos a pie y entrevistando a personas de los lugares.
“En tiempo y forma, se atendió la solicitud de apoyo por parte del convento del Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en Baborigame, para realizar el traslado de personas de la etnia tarahumara a la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo”.
Por separado, el Fiscal General del Estado, César Jáuregui, indicó que el martes se reunió con parte de las personas que firmaron la carta y que se dio atención inmediata.
Jáuregui comentó que se contactó con un mando militar de la Zona 42 para establecer un plan más específico de vigilancia.
“Que atempere lo que está ocurriendo con el problema que tenemos, el enfrentamiento entre los grupos del crimen organizado que se están disputando ahí la zona”, comentó.
Sobre los jóvenes plagiados, refirió que siguen en la búsqueda y que ya habían regresado a otros dos que también habían sido privados de la libertad en otros hechos.
“Esperemos que sea algún reclutamiento forzado que estén intentando hacer y estamos en la búsqueda de ellos”, dijo Jáuregui.
Fuente Reforma
