Héctor De Mauleón

El hilo se ha roto por lo más delgado. Se confirman las investigaciones que México siempre negó. Se comienza a desmontar la madeja que exhibe al narcogobierno

Lo fueron a apoyar y a alzarle la mano el entonces presidente López Obrador, y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, cuando una carta de Ismael El Mayo Zambada lo involucró en una reunión con líderes del Cártel de Sinaloa, en la que fue asesinado su rival político: el exrector de la UAS y diputado federal Héctor Melesio Cuén.

López Obrador lo felicitó por “dar la cara” y no esperar ni un día para negar que hubiera estado presente en esa reunión. “Nosotros le damos toda la confianza al gobernador de Sinaloa”, dijo AMLO.

Sheinbaum prometió que su gobierno lo seguiría respaldando: “Quien quiera estigmatizar a este bello estado, que se quede con su historia”.

Regresaron dos semanas después para inaugurar un distrito de riego: le volvieron a alzar la mano y le reiteraron su apoyo. “Ya estuvo tres años con él (con López Obrador) y va a estar tres años conmigo”, dijo Sheinbaum.

Él dijo que gobernaba con la honorabilidad que le había enseñado “el presidente Obrador”. Se declaró “bajo el amparo de dos grandes líderes”.

También los gobernadores, e incluso el entonces presidente de Morena, Mario Delgado, muchos de ellos bajo acusaciones de estar involucrados con el crimen organizado, salieron a respaldarlo con un enérgico desplegado.

Lo firmaron Américo Villarreal, Cuauhtémoc Blanco, Marina del Pilar Ávila, Alfredo Ramírez Bedolla, Alfonso Durazo, Evelyn Salgado, Indira Vizcaíno y Cuitláhuac García, entre otros.

Ricardo Monreal le llevó el apoyo de los diputados de Morena. Fue a Sinaloa a decirle “que no está solo y que estamos con él”. Monreal regresó meses después, acompañado por Sergio Gutiérrez Luna, para llevarle el apoyo de los gobernadores de Baja California, Sonora y Sinaloa. Lo señaló como un hombre de calidad moral. “Tiene el respaldo de la presidenta”, dijo.

Lo apoyó también la sucesora de Delgado en la presidencia de Morena, Luisa Alcalde, quien le dio un nuevo espaldarazo, sostuvo que las acusaciones vertidas en su contra formaban parte de una campaña, y declaró que el gobernador de Sinaloa tenía el respaldo de la Federación y también el respaldo de Morena.

Claudia Sheinbaum lo siguió cobijando por su cuenta: “Está haciendo su trabajo y lo estamos apoyando en todo lo que necesite, en todos los temas, y particularmente en temas de seguridad”.

No podía faltar Gerardo Fernández Noroña quien expresó su apoyo al “compañero y amigo”, y reconoció el trabajo realizado en el estado.

Mientras Sinaloa se le deshacía en las manos por la violencia desatada por el crimen organizado, y una facción lo acusaba de apoyar y proteger a los hijos del Chapo Guzmán, Rubén Rocha Moya buscó aliarse con Monreal y con los radicales de Morena, de los que obtuvo todo el apoyo y respaldo. En noviembre de 2024 la Cámara de Diputados lo vitoreó al grito de “¡no estás solo!”.

Pero el hilo tenía que romperse por lo más delgado. Al gobernador al que una operación del Cártel de Sinaloa le abrió las puertas del poder, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de acusarlo formalmente de tráfico de drogas y otros delitos, al lado de otros nueve funcionarios de su gobierno.

En la lista de acusados aparecen funcionarios y exfuncionarios relevantes de su administración. Ahí están el senador de Morena Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el fiscal general adjunto del estado, Dámaso Castro Saavedra; los exjefes de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés y Jorge Contreras Núñez, y el ex secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez.

Aparecen también el exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, José Antonio Dionisio Hipólito; el actual alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el excomandante Juan Valenzuela Millán.

La presentación de cargos penales ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York llegó solo unos días después de que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, declarara, precisamente en Sinaloa, que Estados Unidos estaba dispuesto a actuar contra políticos mexicanos vinculados con cárteles del narcotráfico, y que México necesitaba tomar medidas contra su epidemia de corrupción gubernamental que engloba, dijo, desde policías hasta alcaldes, gobernadores y legisladores federales.

Llega unos días después de que Los Ángeles Times anunciara que el gobierno de Donald Trump preparaba acciones judiciales en contra de funcionarios mexicanos ligados al crimen organizado.

En esa estrategia, el primer paso fue la cancelación de visas, en el que Rocha Moya, y al menos otros tres gobernadores, resultaron damnificados.

A lo largo de la crisis en la que lo hundieron la carta de El Mayo Zambada y las frecuentes acusaciones de sus vínculos con el crimen organizado (una funcionaria del Bienestar confesó que durante su campaña a su oficina llegaron maletas de dinero del crimen organizado), Rubén Rocha Moya respondió siempre con frivolidad, con cinismo, con desfachatez, a pesar de que desde 2024 se había convertido en un cadáver político.

De manera simultánea, la información en poder de Estados Unidos desató presiones que llevaron a la presidenta a ordenarle a Monreal que dejara de hacerle eventos de apoyo en la Cámara. El gobierno de Sheinbaum estaba al tanto de que hasta noviembre de 2024 Rocha Moya había sostenido reuniones periódicas con miembros del Cártel de Sinaloa.

Un reporte entregado por Omar García Harfuch sostuvo que no era posible mejorar los indicadores de seguridad en Sinaloa mientras Rocha Moya continuara gobernando. El gobernador era parte del problema.

Pero Claudia Sheinbaum lo siguió cargando, pese a las advertencias del gobierno de Estados Unidos que, desde enero del año pasado, comenzó a filtrar información que advertía que sus agencias tenían en las manos una lista de políticos vinculados con el crimen organizado, a la que habían alimentado, no solo El Mayo Zambada y los hijos del Chapo que buscaban beneficios, sino los 92 narcotraficantes entregados al gobierno de Trump por el gobierno mexicano.

La respuesta fue negar sistemáticamente que existieran esas investigaciones y que se hubiera pedido indagar a políticos mexicanos.

Finalmente tronó el cuete. El hilo se ha roto por lo más delgado. Se confirman las investigaciones que México siempre negó. Se comienza a desmontar la madeja que exhibe al narcogobierno.

Rocha es el primero. ¿Cuántos de los que lo ampararon, lo apoyaron, le alzaron la mano, lo llevaron al poder e incluso lo vitorearon se verán arrastrados a los implacables laberintos judiciales estadounidenses?

El gobernador de Sinaloa lanzó un patético comunicado, en el que rechaza las acusaciones y las atribuye a un ataque a la Cuarta Transformación. El exsecretario Inzunza dice que se trata de una insidia dirigida “a nuestro máximo referente político y mexicano, Andrés Manuel López Obrador”.

En respuesta, el embajador Johnson lanzó una seca toma de nota: “La corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de Estados Unidos”.

Terminó la borrachera. Al parecer, llegó la hora de pagar la cuenta.

Fuente El Universal